Anteproyecto de ley que modifica la Ley 63 de 2015 para permitir estacionamientos soterrados
- CM NZ
- 6 days ago
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En Panamá, en los últimos años, el número de vehículos aumentó un 8% entre enero y julio de 2025 según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Este crecimiento del parque vehicular trae desafíos importantes para la ciudad de Panamá: encontrar estacionamientos se ha vuelto casi imposible.
Ante esta realidad surge una pregunta lógica:¿por qué no aprovechar y hacer mejor uso del espacio público subutilizado para crear estacionamientos subterráneos?
La respuesta está en la Ley 63 de 2015, que prohíbe construir estacionamientos soterrados y realizar transformaciones en parques públicos con valor natural o cultural.
Más que traer beneficios o proteger el valor ambiental, natural y cultural esta prohibición ha generado efectos no deseados:
Más tráfico causado por conductores que circulan buscando dónde estacionar.
Uso poco eficiente de los espacios públicos disponibles y subutilizados.
Esta propuesta no busca eliminar la protección cultural o ambiental de los parques ni imponer construcciones municipales. Lo que plantea es eliminar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 63, ya que esas disposiciones ya están reguladas por otras leyes vigentes, y además, la Ley 63 anula en la práctica mecanismos fundamentales de participación ciudadana.
Por ejemplo:
La Ley de Descentralización establece que las comunidades deben participar y decidir sobre proyectos que afecten su entorno. Sin embargo, la Ley 63 impide incluso que la ciudadanía pueda debatir o decidir si prefiere un parque, un estacionamiento soterrado u otra alternativa, cerrando por completo esa posibilidad desde la ley.
La Ley de Ordenamiento Territorial ya exige coordinación con autoridades técnicas como el Ministerio de Ambiente para un estudio de impacto ambiental previo al inicio de la ejecución de la obra.
La Ley de Régimen Municipal requiere la aprobación del Consejo Municipal, evitando decisiones unilaterales del alcalde.
La Ley de Contrataciones Públicas busca garantizar procesos transparentes y competitivos.
La Ley General de Ambiente protege áreas naturales, exige estudios de impacto ambiental y sanciona cualquier daño ecológico.
En resumen, este proyecto no obliga a los municipios a construir estacionamientos soterrados ni debilita la protección ambiental. Lo que propone es dar mayor flexibilidad, confiando en un marco legal que ya existe, para que con una inversión bien planificada se puedan mejorar, crear y revitalizar espacios públicos, respondiendo a las necesidades reales de la ciudadanía.
Un pequeño ajuste legal puede tener un gran impacto positivo en la movilidad, el orden urbano y la calidad de vida.