Que modifica el artículo 100 y adiciona el artículo 100-A a la Ley 41 de 1998, General de Ambiente.
- Neftalí Zamora

- May 19
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El proyecto de Ley 271 propone modificar la Ley General de Ambiente para garantizar que las comarcas y pueblos indígenas reciban una participación económica justa por las actividades de aprovechamiento de recursos naturales desarrolladas en sus territorios. La propuesta establece medidas concretas, como la obligación del Ministerio de Ambiente de incluir en su reglamentación los porcentajes de participación indígena, previa consulta con las comunidades.
Estos fondos serán depositados en un "Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas", administrado por el Viceministerio de Asuntos Indígenas, y destinados a proyectos de desarrollo social, infraestructura, salud, educación, entre otros.

Aunque la Ley General de Ambiente reconoce beneficios económicos para los pueblos indígenas por el uso de sus tierras, no existen mecanismos claros para garantizar ese derecho. El proyecto de Ley propone brindar fuerza legal a sus derechos.
El Proyecto 271 modifica la Ley 41 de julio de 1998 para garantizar que las comunidades indígenas reciban una parte de los ingresos generados por el uso de los recursos naturales en su territorio.
MiAmbiente deberá fijar un porcentaje de participación económica para las comarcas por cada actividad de aprovechamiento en su territorio, consultando a las comunidades.
El proyecto crea el fondo de apoyo a los pueblos indígenas.
Será administrado por el Viceministerio de Asuntos Indígenas y las autoridades de cada comarca. Estos recursos serán destinados a proyectos en el territorio de la comarca relativos a servicios públicos, infraestructura, desarrollo económico social, educación, cultura, salud, deporte y más.
Se promueve la participación indígena para un desarrollo equilibrado
Al establecer mecanismos claros, con participación comunitaria y fondos destinados al desarrollo local, el proyecto promueve un modelo de sostenibilidad que equilibra conservación, justicia social y economía local. Su implementación no solo hará más justa la gestión ambiental del país, sino que fortalecerá la autonomía y bienestar de los pueblos indígenas, en armonía con el marco legal vigente.
Está pendiente a 1er debate en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo
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