Que libera las concesiones de transporte

Por décadas, el sistema de transporte ha enfrentado múltiples deficiencias: altos costos, desorganización en su manejo, accidentes que han cobrado innumerables víctimas, inseguridad y una larga lista de problemas que afectan diariamente a los ciudadanos.

Los buses como transporte público operan bajo un sistema de concesiones privadas. Una concesión funciona como un contrato mediante el cual el Estado otorga a una empresa el permiso de prestar sus servicios en una ruta específica. Al igual que cualquier otra concesión otorgada por el Estado, estas deberían estar sujetas a condiciones claras, incluida la posibilidad de ser canceladas en caso de incumplimiento. Sin embargo, en el caso particular del transporte público, existe una diferencia clave: estas concesiones se mantienen de forma indefinida y resultan casi imposibles de cancelar, incluso cuando existen razones suficientes para hacerlo.

De allí surge la pregunta: si el sistema de transporte es tan deficiente, ¿por qué no se cancelan las concesiones?

La respuesta está en la propia ley. Los artículos 18 y 24 de la Ley 14 de 1993 establecen limitaciones que impiden que estas concesiones sean revocadas, aun cuando existan evidencias de fallas en el servicio.

Señala que las empresas podrán seguir ofreciendo el servicio de “forma definitiva”

Dispone que el Estado asegurará la estabilidad de la concesión.

Asimismo, se establece que la concesión tendrá carácter definitivo siempre que se cumplan las obligaciones contractuales; sin embargo, la ATTT advierte que, en caso de retirarla, las empresas concesionarias tendrán la facultad de demandar al Estado.

Hoy, a pesar de las miles de quejas formales de los usuarios —que nunca han sido escuchadas— las concesiones de transporte no se cancelan, aunque el servicio sea deficiente. El sistema continúa respondiendo a los intereses de las concesionarias y no a las necesidades de los pasajeros, todo bajo un modelo diseñado en 1993.

¿Qué propone este proyecto?

• Concesiones temporales y evaluadas: todas las concesiones tendrán un plazo definido y estarán sujetas a revisiones de calidad. Quien incumpla, se va.

• Tu voz cuenta: las quejas por horarios incumplidos, tarifas ilegales o mal servicio serán causales de cancelación de la concesión. Ahora el concesionario responderá al usuario, no al revés.

• Mejores condiciones laborales para transportistas: se garantizarán salarios fijos y seguro social. Además, los cobros ilegales como zarpe o cupos serán motivo de revocación inmediata.

Porque el transporte público no debe responder al derecho de las concesionarias, sino a las verdaderas necesidades de los pasajeros.

¡Liberemos el transporte, juntos!

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