Que elimina las jubilaciones especiales
- Neftalí Zamora
- Sep 8
- 3 min read
Updated: Sep 15
La seguridad social, conocida también como la jubilación, es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. El artículo 113 de la Constitución Política establece que la ley debe garantizar la seguridad social “a medida que las necesidades lo exijan”. Esto significa que el Estado tiene la responsabilidad de crear un sistema que proteja a todos los ciudadanos, de acuerdo con la realidad económica y social del país.
En Panamá, este mandato se ha concretado a través de la Caja de Seguro Social y, posteriormente, del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones (SIACAP) para los servidores públicos. Sin embargo, aún persiste un problema que afecta la equidad y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas: las jubilaciones especiales.
El problema de las jubilaciones especiales
Las jubilaciones especiales son beneficios otorgados a ciertos sectores de servidores públicos, cuyos costos no se cubren con aportes de los trabajadores ni de los empleadores, sino directamente con fondos del Tesoro Nacional.
En otras palabras, todos los panameños, a través de nuestros impuestos, financiamos jubilaciones especiales que no aplican al resto de la población, solo a un grupo de privilegiados. Solo en 2025, el gasto del Estado en estas jubilaciones —particularmente en los estamentos de seguridad— ascendió a más de 103 millones de dólares, recursos que podrían destinarse a salud, educación, infraestructura y programas sociales.
La Corte Suprema de Justicia ha sido clara al señalar que la seguridad social debe ofrecer una protección básica frente a la vejez, enfermedad o desempleo, pero sin sustituir el esfuerzo individual de ahorro y cotización. Los regímenes especiales distorsionan este principio, generando desigualdad y afectando la justicia social.
La ley de 1997 y sus limitaciones
En 1997, Panamá dio un paso importante con la Ley 8 de 6 de febrero de 1997, que eliminó la mayoría de las jubilaciones especiales y estableció el SIACAP como sistema único de pensiones para los servidores públicos. Sin embargo, esta ley dejó excepciones que, hasta hoy, continúan generando cargas financieras injustificadas para el Estado y desigualdad entre los trabajadores. Estas excepciones son precisamente las que el proyecto actual busca corregir.
Conscientes de esta situación, presentamos un proyecto de ley para la eliminación definitiva de las jubilaciones especiales, con el fin de garantizar un sistema de retiro único sin privilegios para pocos.
El proyecto establece que:
Todos los servidores públicos, sin excepciones, se jubilen bajo el SIACAP o conforme a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Esto eliminará las jubilaciones especiales que actualmente existen y prohíbe que se creen jubilaciones especiales a futuro.
Se elimina la carga al Tesoro Nacional de cubrir jubilaciones especiales, lo cual permitirá que cientos de millones de dólares de fondos públicos puedan utilizarse para atender las verdaderas necesidades del país.
Un paso hacia la justicia social
Hay sectores del servicio público donde los directivos fallan en reconocerles sus prestaciones laborales como horas extra o primas de antigüedad. Para estas situaciones se debe presionar a que las entidades administren responsablemente su presupuesto, pero esto no debe ser excusa para crear privilegios como jubilaciones especiales, mucho menos cuando los beneficiados por estos privilegios no son en muchos casos las personas que realmente están haciendo el trabajo pesado.
De esta manera, avanzamos hacia una seguridad social más justa, equitativa y sostenible, cumpliendo con el mandato constitucional y garantizando mejores oportunidades para las presentes y futuras generaciones.
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