Anteproyecto de ley 400 “Que adiciona un artículo a la Ley 69 de 2007”

Ante el crecimiento de las estafas en Panamá, el proyecto de ley propone adicionar el artículo 15-A a la Ley 69 de 2007, con el objetivo de fortalecer la prevención del fraude. La iniciativa permitiría que el Gabinete de Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) remita a bancos y operadores de telecomunicaciones información sobre personas condenadas por el delito de estafa u otros fraudes. De esta manera, estas entidades podrán considerar dicha información dentro de sus mecanismos de evaluación de riesgo y adoptar medidas preventivas para evitar que sus servicios sean utilizados nuevamente para cometer delitos.

Actualmente, la Ley 69 de 2007 establece que la DIJ mantiene un Gabinete de Archivo e Identificación Personal, encargado de resguardar los datos de personas condenadas por delitos. Sin embargo, según el artículo 17 de esta misma norma, esta información solo puede ser compartida con autoridades competentes, con el titular de los datos o con quien este autorice para fines laborales.

Si bien esta disposición protege la confidencialidad de la información personal, también genera limitaciones cuando se trata de prevenir delitos y proteger a posibles víctimas, especialmente en un contexto donde las estafas evolucionan constantemente.

Hoy en día, las estafas se cometen a través de múltiples canales, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, chats o redes sociales. En muchos casos, una vez que una persona condenada por este delito cumple su pena, vuelve a utilizar estos mismos mecanismos para cometer nuevas estafas, convirtiéndose en reincidente.

A esto se suma el uso de cuentas bancarias y servicios de telecomunicaciones como herramientas para ocultar identidades, movilizar dinero y ejecutar fraudes de forma más rápida y difícil de rastrear.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. En Panamá se presentan al menos 16 denuncias por estafa cada día, sin contar a las víctimas que no denuncian por pensar que no obtendrán resultados. Solo hasta noviembre de 2025,  se registraron 5,606 denuncias, superando el total anual de todos los años anteriores.

De acuerdo con el artículo “Promesas virtuales, engaños reales: el auge de las estafas en Panamá” publicado por el diario La Prensa en 2025, estas cifras evidencian el crecimiento sostenido de este delito y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para la ciudadanía.

Fuente: La Prensa

El fenómeno no es exclusivo del país. El diario internacional The Economist ha señalado que las estafas en línea ya se comparan en tamaño y alcance con la industria ilegal de drogas, con la diferencia de que afectan directamente a personas en su vida cotidiana. Además, los estafadores innovan constantemente sus métodos y operan a través de redes complejas que, en ocasiones, superan la capacidad de respuesta del derecho y de las autoridades encargadas de perseguir estos delitos.

Ante esta realidad, surge la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cerrar los espacios que hoy permiten que los estafadores continúen operando incluso después de haber sido condenados.

Beneficios del proyecto de ley

• Prevención de nuevas estafas: permite que el sistema financiero reciba alertas cuando una persona condenada por estafa intente operar nuevamente, reduciendo el riesgo para nuevos usuarios.

  
  

• Mayor protección para los ciudadanos: fortalece los mecanismos de seguridad para que los clientes del sistema financiero no vuelvan a ser víctimas de los mismos delincuentes.

  
  

• Uso inteligente de la información: autoriza a la DIJ a identificar a estafadores condenados dentro del sistema financiero, facilitando una respuesta más rápida y efectiva.

  
  

• Reducción de la reincidencia: si alguien ya utilizó la red para cometer estafas, el sistema podrá detectarlo y activar alertas automáticas.

  
  

• Sistema financiero más seguro: contribuye a crear un entorno digital y bancario más confiable para todos los usuarios.

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